USO alerta del último avance para desmantelar el sistema público de pensiones

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El día 10 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios. Con este RD se establece la revisión a la baja de las comisiones máximas de gestión y, a su vez, se eleva la liquidez de esta alternativa de ahorro al permitir a los partícipes retirar, a partir de 2025, sin limitación, las aportaciones con una antigüedad de, al menos, diez años.

Desde USO alertamos de que este decreto es un paso más en la tendencia de devaluación del sistema público de pensiones para afianzar el avance de los planes privados de pensiones y los planes de empresa.

No es casualidad, que tras, meses de silencio e inactividad de la comisión del Pacto de Toledo, su presidenta Celia Villalobos haga unas impresentables declaraciones invitando al ahorro en un plan privado de pensiones. A esta corriente, de llamada al ahorro individual y a la inversión, se unió recientemente el propio Presidente del Gobierno, apelando a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos para que complementen su pensión a través de la inversión privada. Desde USO lamentamos que el Gobierno haya dejado clara su falta de respaldo al sistema público de pensiones y su apuesta por reforzar ese segundo pilar de inversión privada.

Como organización sindical nos preocupa la corriente que se está estableciendo para trasladar a España un modelo, similar al británico, en el que las empresas obligatoriamente deben implantar planes de pensiones en los que la aportación se divida entre empresa y trabajador. En este caso la voluntariedad radica exclusivamente en el trabajador o trabajadora, que si explicita su renuncia o no lleva a cabo aportación alguna, la empresa deja de hacerlo.

Desde hace años, se lleva proponiendo la posibilidad de estabilizar los planes de empresa como segundo pilar del sistema de protección social. Desde USO entendemos que nunca debe ser obligatorio o impuesto este sistema de inversión privada.

La USO siempre ha apostado por la defensa del sistema público de protección social, que es uno de los principales ejes vertebradores de nuestro país y garante de la convivencia social. No olvidemos que en los peores momentos de la crisis más del 30% de los hogares españoles se han mantenido gracias a las pensiones de sus mayores. En estos momentos, en que el Fondo de Reserva está prácticamente vacío y que ha cerrado 2017 con un déficit de 18.000 millones, lo que se espera de nuestro gobierno son propuestas sólidas para la sostenibilidad del sistema que garantice unas pensiones dignas y no una llamada al “sálvese quien pueda pagarlo”. La simbólica subida anual del 0,25% realmente lo que hace es provocar una pérdida de poder adquisitivo en los pensionistas y las pensionistas ya que ese incremento no se acerca ni siquiera al ipc.

Desde USO entendemos que la respuesta de futuro para el sistema público de pensiones es más y mejor empleo, con cotizantes con salarios dignos y generando riqueza.

USO ha ratificado su compromiso con la defensa del sistema público de protección social, plantando cara desde 2011 a la reforma de las pensiones y también, desde 2013, como miembro de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), a través de la que las más de 300 organizaciones que la componemos promovemos una reforma que blinde las pensiones en la Constitución, para que sea obligación y mandato constitucional inexcusable para los poderes públicos, la prohibición de cualquier tipo de privatización y el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.

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